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ORDEN de 28 de junio de 2012, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se actualizan las tarifas del servicio público de eliminación de residuos peligrosos mediante depósito en vertedero en la Comunidad Autónoma de Aragón

Texto Original (BOA) Citas 10 Citado por Análisis 1 Relacionados
Vincent
SecciónIII. Otras Disposiciones y Acuerdos
Rango de LeyOrden

El artículo 36 de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, declaró servicio público de titularidad autonómica la eliminación de residuos peligrosos, la eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización, la valorización y eliminación de neumáticos fuera de uso y la eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Este artículo en su apartado tercero determina que el Gobierno de Aragón, a través del, entonces, Departamento de Medio Ambiente, establecerá los mecanismos y plazos para la efectiva prestación del servicio público, de acuerdo con la planificación sectorial.

El Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, desarrolla la mencionada norma regulando las actividades que integran el servicio público y delimitando el alcance de las prestaciones a favor de los usuarios del servicio.

En el artículo 46 del referido Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, se regula el régimen tarifario, estableciendo que los usuarios del servicio público asumirán los costes derivados de la gestión del residuo atendiendo a la naturaleza y cantidad del residuo. Asimismo, prevé que las tarifas del servicio, establecidas por la Administración de la Comunidad Autónoma en ejercicio de su potestad tarifaria y que deberán revisarse anualmente de conformidad al régimen jurídico aplicable, deberán garantizar, como mínimo, la restitución de los costes de gestión, de establecimiento y de explotación del servicio, de los gastos derivados de la prestación de garantías que sean exigibles, y de los que se prevean derivados de la ulterior clausura, mantenimiento y vigilancia posterior de las instalaciones, así como de cualquier otro que derive necesariamente del desarrollo de la actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de...

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